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En España, el uso del bozal para perros es una medida de seguridad importante para prevenir accidentes. Sin embargo, no todos los perros deben llevar bozal y las normativas pueden variar según la comunidad autónoma. En este artículo se explicará qué perros tienen que llevar bozal en España en 2023.
El uso del bozal en perros es obligatorio por ley en algunas situaciones. En la Ley de Protección de Animales de Compañía de 1999 se establece que los perros potencialmente peligrosos deben llevar bozal cuando se encuentren en lugares públicos o en lugares privados de uso común. Además, estos perros deben ser conducidos por una persona mayor de edad y en caso de que se suelten deben llevar una correa no extensible de menos de 2 metros de longitud. Los perros potencialmente peligrosos son aquellos que pertenecen a las siguientes razas o sus cruces:
- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Rottweiler
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu
Además de estas razas, se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos que hayan sido adiestrados para el ataque o la defensa, o aquellos que hayan tenido algún comportamiento agresivo o mordido a una persona o animal. Si bien es cierto, que estas normas pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma que te encuentres.
El bozal debe ser de un material resistente y no causarle molestias al nuestro compañero. Además, el cuidador del perro debe asegurarse de que el bozal se adapte correctamente a la morfología de su perro para evitar que se lo pueda quitar o que le cause algún tipo de daño.
Es importante recordar que el uso del bozal no es una medida de castigo para los perros, sino una medida de seguridad tanto para ellos como para las personas y otros animales. Por ello, es recomendable acostumbrar al perro al uso del bozal desde temprana edad para evitar problemas en el futuro.
En caso de incumplir las normativas sobre el uso del bozal, el cuidador del perro puede ser sancionado con multas que pueden oscilar entre los 150 y los 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, en casos extremos, se podría llegar a la retirada de la custodia del animal.
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